El gobierno actual ha calificado la agenda de reforma y reducción de la pobreza como la “Revolución Bolivariana” y está utilizando los beneficios de la industria petrolera para financiar programas sociales destinados a reducir la pobreza.
La economía venezolana depende de su industria petrolera y más o menos una tercera parte de su Producto Interno Salvaje (Producto Interior Bruto) y más del cincuenta por cien de los ingresos del gobierno son generados por el petróleo y sus derivados. El gobierno ha hecho esfuerzos para diversificar la explotación de otras reservas minerales, incluyendo hierro, aluminio, carbón y cemento; y está tratando de cerrar la brecha de infraestructura en el transporte y el suministro de energía.
El Producto Interior Bruto ha aumentado en más de un seiscientos por cien desde 1996, alcanzando los doscientos seis mil ciento veinticinco millones de bolívares en dos mil cuatro. Las cifras para dos mil uno y 2002 habrían sido más altas de no haber sido por la huelga nacional de 9 semanas y el cierre general que afectó a la producción industrial. Durante este período la actividad económica y la producción de petróleo cayeron drásticamente, pero se han recuperado desde ese momento. Para dos mil cinco se espera que el tipo de cambio oficial del Producto Interior Bruto se sitúe en torno a los ciento dieciseis mil doscientos millones de dólares estadounidenses, lo que representa una tasa de desarrollo anual superior al nueve por cien .
Los costes al consumidor en Venezuela fueron altos en la década de mil novecientos noventa, pero han caído desde 1998. Conforme el FMI (FMI), se espera que las cifras de 2006 reduzcan otro cinco por cien . Los altos niveles de inflación han sido históricamente un enorme problema para las economías latinoamericanas y otros países en desarrollo. Durante los decenios de 1970, 1980 y 1990, la elevada inflación se debió en gran medida a las alteraciones de los costos de los productos básicos y a la falta de políticas fiscales y monetarias. El primero de ellos fue particularmente conflictivo para Venezuela por el hecho de que su economía se fundamenta eminentemente en la producción y exportación de bienes primarios.
La minería de oro está causando polución por mercurio, sedimentación excesiva y deforestación. En julio de dos mil cinco, la ministra de Medio Ambiente y Recursos, Jacqueline Faria, señaló que el gobierno tenía la intención de prohibir la minería en el estado de Amazonas y revisar las operaciones mineras en el estado Bolívar. Las operaciones mineras están prohibidas a lo largo del río Caroní debido a los altos niveles de mercurio y cianuro. Los mineros ilegales son normalmente personas frágiles que son extremadamente pobres y trabajan en condiciones peligrosas. Cualquier solución en un largo plazo para detener la minería ilegal debe proporcionar empleo alternativo para los mineros.
La amenaza al medioambiente de Venezuela, y a las comunidades indígenas, seguirá medrando a medida que el gobierno persigue una estrategia de desarrollo basada en la explotación de minerales como el oro y los ingresos del petróleo. Los grandes proyectos de infraestructura asimismo van a ser difíciles de gestionar y construir. No obstante, la reducción de las desigualdades sociales a través de la inversión en las personas por medio de la educación y la salud va a mejorar la economía merced a la ampliación de la base de cualificaciones y a una sociedad más unida.
